Eficiencia vs. Libertad y Derechos del Contribuyente: La Triple Tensión Fiscal
La relación entre la Administración Tributaria y la ciudadanía en la era de la transformación digital se halla atravesada por una triple tensión fiscal estructural, en la que colisionan el imperativo de la eficiencia operativa (recaudación y reducción de costos), el estricto cumplimiento del mandato legal y el respeto innegociable a los derechos fundamentales del contribuyente.
Bajo la formulación del trilema de valores administrativos, esta dinámica contrapone a los Valores Sigma (orientados a la economía, la austeridad y la maximización del rendimiento) con los Valores Theta (centrados en la integridad, la equidad, el debido proceso y la prevención del abuso del poder estatal).
Si bien el despliegue de tecnologías exponenciales como el Big Data y la Inteligencia Artificial permite automatizar procesos y detectar la evasión con precisión quirúrgica, priorizar de manera exclusiva la eficiencia promueve el riesgo de incurrir en la opacidad algorítmica y en formas de e-intrusión sobre la libertad individual.
La acumulación masiva e indiscriminada de microdatos sin salvaguardas adecuadas puede degenerar en un régimen de hipervigilancia pública que vulnera el derecho a la intimidad, la inviolabilidad de los papeles privados y el instituto del secreto fiscal (Art. 101 de la Ley N.º 11.683).
Asimismo, la adopción de modelos predictivos opacos o de «caja negra» (black box) anula el derecho de defensa, al privar al ciudadano de una explicación transparente y auditable sobre las razones subyacentes a una inspección o determinación de deuda.
Para superar esta dicotomía, el principio de proporcionalidad exige que cualquier herramienta o algoritmo invasivo se adecue y limite estrictamente a los fines de lucha contra el fraude, impidiendo que la potencia analítica del Estado derive en una privación arbitraria del patrimonio. En este marco, la verdadera eficiencia no debe concebirse como un fin coercitivo en sí mismo, sino como el medio para generar Valor Público, minimizando el costo social de los tributos y devolviendo tiempo vital a la sociedad mediante servicios personalizados y proactivos.
La preservación de este contrato social requiere subordinar el poder tecnológico a una gobernanza ética sustentada en la IA Explicable (XAI) y en el principio inalienable del control humano indelegable (Human-in-the-Loop), garantizando que la responsabilidad jurídica de todo acto administrativo recaiga siempre en una autoridad humana competente.
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