El deber de Coherencia y Buena Fe del Fisco
El Fisco, en su posición de imperio como garante del orden social, tiene un deber de coherencia que emana directamente del principio de la buena fe. Esta obligación jurídica y ética se materializa a través de la Doctrina de los Actos Propios, la cual establece que el Estado no puede ponerse en contradicción con sus conductas anteriores cuando estas han generado una expectativa legítima o confianza legítima en el ciudadano.
Según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta doctrina busca descalificar actos que contradicen otros anteriores deliberados y plenamente eficaces, ya que una solución opuesta importaría una deslealtad que el derecho no puede convalidar.
En el paradigma de la Administración Tributaria 3.0, este deber implica que si la administración proyecta una "apariencia de validez" por medio de sus sistemas automatizados, incluso si estos son defectuosos, no puede luego invocar su propia torpeza, vaguedad o error procedimental para erosionar el patrimonio del administrado.
Bajo este basamento estratégico, se establece que el ciudadano no es un "validador de errores" del Fisco. Por lo tanto, si el algoritmo o el sistema informático fallan, el costo de ese error sistémico no debe ser trasladado al contribuyente. Para recomponer el contrato social, la tecnología en el Gemelo Digital Tributario debe actuar como una interfaz técnica neutral donde la precisión quirúrgica y la nitidez en la toma de decisiones sean la regla y no una opción.
La previsibilidad y la aplicación congruente de la legislación son esenciales para mantener la credibilidad institucional. El respeto por la palabra empeñada y la seguridad jurídica no son meros formalismos, sino el cimiento sobre el cual se edifica una prosperidad compartida realmente justa, evitando arbitrariedades que puedan socavar la moral tributaria y la cohesión social.
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