La Revolución de los Umbrales: El nuevo mapa del castigo penal tributario en Argentina
La Revolución de los Umbrales: El nuevo mapa del castigo penal tributario en ArgentinaLa sanción de la Ley 27.799 ha provocado un cambio profundo en el sistema jurídico argentino al elevar drásticamente los montos mínimos necesarios para que una conducta sea considerada delito.
Esta reforma, enmarcada en la era de la "Inocencia Fiscal", busca reconciliar las leyes con la realidad económica del país, evitando que infracciones menores, que habían quedado distorsionadas por la inflación, saturen las instancias criminales.
Bajo el nuevo régimen, el umbral para el delito de evasión simple se ha incrementado de $1.500.000 a $100.000.000 por cada tributo y ejercicio anual.
En el caso de la evasión agravada por el monto, el límite pasó de $15.000.000 a $1.000.000.000, mientras que los supuestos que involucran la intervención de interpósitas personas (testaferros) o la utilización fraudulenta de beneficios fiscales ahora requieren superar los $200.000.000.
Asimismo, los delitos relacionados con la utilización de facturas apócrifas y el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales elevaron su condición objetiva de punibilidad a los $100.000.000.
En materia de Recursos de la Seguridad Social, la evasión simple pasó de un umbral de $200.000 a uno de $7.000.000 mensuales, mientras que la evasión agravada se elevó de $1.000.000 a $35.000.000 por mes.
Por su parte, la apropiación indebida de tributos se fijó en $10.000.000 mensuales y la de recursos de la seguridad social en $3.500.000 por mes.
Finalmente, la simulación dolosa de cancelación de obligaciones ahora requiere un monto de $20.000.000 por ejercicio anual para impuestos y $3.500.000 mensuales para la seguridad social.
Este incremento representa una decisión de política criminal que prioriza concentrar los recursos del Estado en la persecución de maniobras de evasión de gran escala.
Gracias al principio de la ley penal más benigna y el legado del fallo "Vidal" de la Corte Suprema, estos valores se aplican de forma retroactiva a causas en trámite.
Si el monto investigado en un proceso actual no alcanza los nuevos mínimos, el imputado alcanza una "inocencia técnica", quedando eximido de la persecución criminal, aunque deba regularizar la deuda y abonar las multas en la órbita administrativa de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Para asegurar la vigencia de estos valores en el tiempo, la ley establece un mecanismo de actualización automática anual basado en la variación de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) a partir del 1 de enero de 2027.
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