⚖️ Inocencia Fiscal: Un cambio en la aplicación del castigo estatal

Bajo el nuevo paradigma de administración tributaria se ha implementado un cambio profundo en la aplicación del ius puniendi o la facultad sancionatoria del Estado. 

La Ley de Inocencia Fiscal redefine el contrato tributario: mayor confianza para el que cumple y sanciones ejemplares para el fraude relevante.

Este nuevo enfoque busca desplazar el modelo de fiscalización inquisitivo por uno basado en la presunción de buena fe, donde el control se vuelve más eficiente al distinguir entre el contribuyente que comete un error y aquel que defrauda de forma sistemática.

Para lograr esta distinción, se introducen dos conceptos fundamentales en la dinámica administrativa:

• "Aviso previo": A diferencia del sistema anterior de sanciones automáticas, la administración tributaria enviará un recordatorio con una antelación de 10 a 15 días hábiles antes de intimar y aplicar multas por omisión de declaraciones juradas.
• "Merituación de la demora": El organismo evaluará la cantidad de días de retraso para aplicar multas menores en casos de incumplimientos ocasionales, evitando así una respuesta inflexible ante situaciones que no denotan una voluntad dolosa.

Esta visión de mayor tolerancia para el cumplimiento accidental se complementa con una actualización severa de las multas. Los montos de las sanciones se han ajustado drásticamente para recuperar su peso relativo frente a la inflación; por ejemplo, la multa por no presentar una declaración jurada para personas humanas saltó de $200 a $220.000, mientras que para sociedades se elevó a $440.000.

En infracciones vinculadas a deberes formales agravados o regímenes de informacion, las multas pueden alcanzar ahora los $35.000.000.

El objetivo central es que el costo de la infracción sea disuasorio, pero que su aplicación efectiva sea el último recurso ante la contumacia del contribuyente. De esta manera, el sistema busca dejar de saturar las instancias judiciales con causas de escasa relevancia económica para concentrar todos los recursos de control en la persecución de maniobras de evasión de gran escala que realmente afectan la sostenibilidad del Estado.

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