Tensiones en la agenda pública

La agenda en las sociedades latinoamericanas refleja históricamente las cuestiones socialmente problematizadas que logran captar la atención de las instituciones gubernamentales. 

El rol del Estado en este contexto es crucial, ya que actúa como la principal instancia de articulación de las relaciones sociales, buscando constantemente resolver las demandas sociales y las contradicciones internas inherentes a su modelo de organización.

El núcleo problemático central de esta agenda se condensa en la tensión constante entre gobernabilidad, desarrollo y equidad, una tríada que ha generado una dinámica conflictiva permanente en el modelo de organización social de la región.

El capitalismo como marco

El debate sobre el rol del Estado se desarrolla dentro de un marco ineludible: el capitalismo como marco del sistema de producción y organización social. 

Las reglas fundamentales que rigen los vínculos entre el Estado y la sociedad no han variado, pues son las mismas en que se funda el sistema capitalista.

Ciertos sectores postulan que la sociedad deseable es un "capitalismo social y democrático". En esta fórmula, el capitalismo funge como el "sustantivo" que define el modo de desarrollo, mientras que lo "social" (equidad distributiva) y lo "democrático" (gobernabilidad) son los "adjetivos" que buscan enmarcar su funcionamiento.

Del "Orden y Progreso" a la Tríada Moderna

La agenda pública se ha configurado históricamente alrededor de los intentos por resolver problemas sociales suscitados en torno a estas grandes cuestiones.

En el siglo XIX, las cuestiones constitutivas de la agenda se sintetizaron en la fórmula "Orden y Progreso". El "orden" era visto como la condición necesaria para el "progreso", el marco bajo el cual la actividad económica capitalista podía prosperar y desarrollarse.

Ya en el siglo XX, y transformada en una tensión permanente de la expansión del capitalismo, esta fórmula fue rebautizada sucesivamente como "seguridad y desarrollo", "estabilidad y crecimiento" o "gobernabilidad y productividad". 

Los sucesivos sinónimos de "orden y progreso" son versiones eufemísticas de las condiciones necesarias para la vigencia de un orden social que se ve amenazado por las tensiones y antagonismos que genera el propio sistema.

Una tercera cuestión surgió con fuerza a fines del siglo XIX: la "cuestión social", que aludía a los conflictos por la equitativa distribución del ingreso y las contradicciones sociales generadas por el orden capitalista en formación.

La agenda como reflejo de tensiones y su complejidad

La agenda pública concentra una abrumadora proporción de la problemática en las cuestiones del orden o gobernabilidad, el desarrollo de las fuerzas productivas y la reducción de las desigualdades sociales. 

La complejidad de la agenda radica en que la vigencia continuada de estas cuestiones revela la existencia de tensiones sociales y conflictos no resueltos. 

El rol del Estado en un momento histórico se concibe como una expresión político-ideológica de esta agenda vigente. 

El aparato institucional del Estado tiende a expresar las contradicciones subyacentes en el orden social que se busca instituir y reproducir.

Gobernabilidad como condición, interdependencia y conflicto

Las tres variables —gobernabilidad, desarrollo y equidad— mantienen una compleja interrelación de mutua determinación. 

La gobernabilidad se entiende como el pacto de dominación que fija las reglas de juego fundamentales entre la sociedad y el Estado, asegurando un contexto que facilite la convivencia y regule el conflicto.

La gobernabilidad es una condición esencial, ya que no existe progreso económico duradero sin orden, ni orden estable sin una mínima equidad social. La necesidad de asegurar condiciones estables de gobernabilidad requiere actuar sobre los otros dos planos: el desarrollo económico (asegurando reglas de mercado) y la equidad (promoviendo políticas redistributivas).

Sin embargo, el crecimiento económico que se produjo históricamente agudizó las tensiones, pues el "costo del progreso económico" recayó principalmente sobre los sectores populares. Este descontento generó inestabilidad social, movimientos contestatarios y otras formas que pusieron en jaque la gobernabilidad de los países.

Desarrollo vs. equidad vs. gobernabilidad

La tensión entre desarrollo y equidad es estructural al sistema. La lógica misma de funcionamiento del sistema capitalista tiende a generar una desigualdad creciente. La cuestión social, instalada en la agenda pública, surgió como respuesta a las tensiones y contradicciones sociales generadas por el orden capitalista.

Existe evidencia que sugiere un trade-off en países latinoamericanos, donde se prioriza el desarrollo y la gobernabilidad en detrimento de la equidad distributiva. Por ejemplo, países como Chile pueden exhibir altos niveles de gobernabilidad y desarrollo, pero niveles "alarmantemente bajos de equidad", poniendo de manifiesto la existencia de tensiones potenciales sobre la agenda pública.

La literatura también plantea una relación de trade-off entre la acumulación de capital (desarrollo en el capitalismo) y la equidad, lo que eventualmente podría llevar a una crisis final de gobernabilidad.

El rol del Estado es el de garantizar grados aceptables de equidad social en la asignación de los costos y beneficios del desarrollo.

El Desafío Permanente

La agenda pública en América Latina se caracteriza por la tensión constante entre la necesidad de un orden que favorezca el desarrollo capitalista, la búsqueda de equidad social para garantizar la gobernabilidad y la misma dinámica del sistema capitalista que tiende a generar tensiones entre desarrollo y equidad.

El desafío permanente del Estado es preservar el necesario equilibrio entre estas tres grandes cuestiones. El Estado, como principal garante y articulador de las relaciones capitalistas, debe intentar resolver los desafíos que plantea el desarrollo de las sociedades capitalistas contemporáneas, cumpliendo un rol complejo que en el pasado lo hizo gendarme y represor (ordenador), empresario y promotor (desarrollo) y benefactor y protector (equidad social). Este ejercicio de equilibrar la tríada gobernabilidad, desarrollo y equidad define, en última instancia, el rol del Estado en la sociedad.

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