Mediación entre capitalismo y bienestar público

Un Estado democrático y basado en el Estado de derecho es el mecanismo más adecuado para mediar entre los intereses del capitalismo y el bienestar general. 

El modelo "estadocéntrico" de la segunda mitad del siglo XX se preocupó por el desarrollo y problemas estructurales como la desigualdad y la debilidad institucional. 

Aunque hubo una "ofensiva contra el papel del Estado" desde los años 80, la pandemia de COVID-19 demostró nuevamente la necesidad de un Estado "fuerte y musculoso" para responder a crisis agudas, interviniendo en programas sociales y apoyando empresas, evidenciando las limitaciones del mercado.

El desafío actual radica en cómo los Estados pueden impulsar el desarrollo económico sin socavar la cohesión social o las redes de seguridad pública. 

El RIGI, por ejemplo, ofrece estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años para grandes inversiones, buscando atraer capital y promover el desarrollo. Por su parte, el Régimen de la Economía del Conocimiento fomenta actividades de alto valor agregado basadas en el conocimiento.

Estos regímenes, gestionados por la Administración Tributaria que pasa de ser un mero recaudador a un "facilitador estratégico" del desarrollo, deben ser coherentes con una política fiscal más amplia. 

El Estado transformador que propone Esther Dweck debe ser "verde, digital e inclusivo", capaz de reducir desigualdades, fortalecer la democracia y liderar la transición ecológica y digital. 

Esto requiere un nuevo tipo de liderazgo colectivo que fomente el diálogo, la escucha y el aprendizaje constante, alejándose de las "posturas populistas" y construyendo reglas de juego que fortalezcan el Estado de derecho y el capital social.

Una democracia resiliente

En la "era de los descontentos", la democracia liberal, basada en el Estado de derecho, es una opción indispensable para la estabilidad y el desarrollo de América Latina. A pesar de sus imperfecciones, es el único sistema que ofrece mecanismos para corregir sus propias falencias y proteger los derechos humanos.

Para que la democracia "cumpla sus promesas", es fundamental que los Estados fortalezcan sus instituciones, garanticen la transparencia y la rendición de cuentas, particularmente en la gestión fiscal. 

Deben asegurar una justicia equitativa que combata la desigualdad y la percepción de privilegios. Y, finalmente, deben ser capaces de mediar de manera efectiva entre los imperativos económicos y la necesidad de bienestar público, evitando atajos populistas que erosionan las instituciones.

El futuro no está predeterminado. Dependerá de la capacidad de los liderazgos para proteger y valorar la democracia, fomentar el diálogo y la colaboración. 

La "era de los descontentos" es una coyuntura crítica que expande las opciones para los actores políticos. Es el momento de actuar con entusiasmo, sentido de urgencia y compromiso para construir una sociedad mejor que no deje a nadie atrás.

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