La Agenda Pública Latinoamericana: El desafío permanente de equilibrar 

Tensiones en la era digital

La agenda pública en América Latina refleja un conjunto de cuestiones no resueltas que han logrado suscitar la atención de las instituciones gubernamentales. 

La fisonomía, organización y recursos del Estado son un reflejo directo de la naturaleza de estas cuestiones y de las modalidades que emplea para intentar resolverlas. El núcleo problemático central de esta agenda se condensa en la tensión constante entre gobernabilidad, desarrollo y equidad.

El papel del Estado, entendido como la máxima instancia de articulación de relaciones sociales, es crucial. Su función genética y primordial es contribuir a garantizar la vigencia y reproducción del orden capitalista, resolviendo los desafíos que plantea el desarrollo de las sociedades capitalistas contemporáneas.

Dinámica del capitalismo

El debate sobre el rol del Estado se desarrolla inevitablemente bajo el capitalismo como marco del sistema de producción y organización social. Las reglas fundamentales que rigen los vínculos entre el Estado y la sociedad no han variado, pues son las mismas en que se funda el sistema capitalista como modo de organización social.

Ciertos sectores postulan que la sociedad deseable es un "capitalismo social y democrático". En esta fórmula, el "capitalismo" funge como el "sustantivo" y define el modo de desarrollo. Lo "social" (equidad distributiva) y lo "democrático" (gobernabilidad) son los "adjetivos" que buscan enmarcar y moderar su funcionamiento.

La tensión entre desarrollo y equidad es estructural al sistema. La lógica misma del funcionamiento del sistema capitalista tiende a generar desigualdad creciente. La agenda del Estado, al concentrar la problemática en el desarrollo de las fuerzas productivas y la reducción de las desigualdades sociales, revela que estas tensiones y conflictos no resueltos persisten.

La cuestión social, instalada firmemente en la agenda pública a fines del siglo XIX, surgió precisamente como respuesta a las tensiones y contradicciones sociales generadas por el orden capitalista en formación. Se advirtió que el “costo del progreso económico” recaía fundamentalmente sobre los sectores populares, generando descontento e inestabilidad social que ponían en jaque la gobernabilidad.

El rol complejo del Estado

La agenda del Estado nacional se constituyó históricamente al compás de sus intentos por resolver estas tres grandes cuestiones. La acción estatal en la región se tradujo en un rol complejo y multifacético:

• +• Gendarme, represor y organizador en el plano de las funciones estrictamente ordenadoras, buscando imponer un orden que viabilizara el funcionamiento "técnico" del sistema capitalista.
• +• Empresario, subsidiador y promotor en el plano del desarrollo, cumpliendo un papel crucial en la creación de la infraestructura física que facilitó el gran despegue económico.
• +• Benefactor, empleador y protector de derechos en el plano de la equidad social, asumiendo nuevas responsabilidades para afrontar y resolver los aspectos más críticos de la cuestión social.

El rol del Estado es el de garantizar grados aceptables de equidad social en la asignación de los costos y beneficios del desarrollo.

Equilibrio y trade-off

El desafío permanente del Estado es preservar el necesario equilibrio entre estas tres grandes cuestiones que se encuentran en tensión permanente: gobernabilidad, desarrollo y equidad. Esto es imperativo porque no existe progreso económico duradero sin orden, ni orden estable sin mínima equidad social.

La gobernabilidad se entiende como el pacto de dominación que fija las reglas de juego fundamentales entre la sociedad y el Estado, asegurando un contexto que facilite la convivencia y regule el conflicto. Para asegurar condiciones estables de gobernabilidad, el Estado debe actuar sobre los otros dos planos: el desarrollo económico (asegurando reglas de mercado) y la equidad (promoviendo políticas redistributivas).

Sin embargo, la realidad latinoamericana a menudo exhibe un trade-off donde se prioriza el desarrollo y la gobernabilidad en detrimento de la equidad distributiva.

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