El Estado de Derecho como garantía fundamental

Una democracia funcional es, por definición, una democracia con Estado de derecho, con los respectivos controles. 

Este modelo se contrapone a la preocupante tendencia de líderes que, luego de ser electos democráticamente, proceden a erosionar las instituciones y violar ciertos derechos, amparándose en el apoyo de la voluntad popular.

La resiliencia democrática se fortalece mediante un diseño institucional sólido, que requiere revisar y mejorar las debilidades de los marcos democráticos existentes. 

Esto implica contar con instituciones fuertes y autónomas, como el Poder Judicial, sin las cuales la ciudadanía difícilmente puede creer genuinamente en la democracia.

Rendición de cuentas: base de la legitimidad estatal

La rendición de cuentas es un pilar esencial para la legitimidad y confianza en el Estado. En este aspecto, la transparencia fiscal juega un rol determinante. 

Un área crítica de preocupación es la gestión del gasto tributario, que se refiere a los ingresos que el fisco deja de percibir por otorgar tratamientos fiscales de excepción. A diferencia del gasto público directo, que está sujeto a aprobación parlamentaria anual y normas claras, los gastos tributarios a menudo carecen de directrices legales para su aprobación, implementación y control posterior.

Esta opacidad conlleva pérdidas significativas de recaudación, distorsiona la asignación de recursos y socava la equidad del sistema tributario. 

Para revertir esta situación, es imperativo fortalecer el marco institucional que regule la creación, implementación, evaluación y control de los gastos tributarios. Se deben implementar evaluaciones periódicas (ex ante y ex post) y publicar información detallada y accesible sobre los costos y beneficiarios de estos gastos para fomentar el debate público y el control parlamentario. 

Órganos de control como la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación también tienen un papel importante en la supervisión de procesos, como las privatizaciones, para garantizar la transparencia.

Justicia y equidad: Combatiendo la desconfianza

La búsqueda de justicia está intrínsecamente ligada a la capacidad del Estado democrático para abordar la desigualdad, una fuente profunda de malestar y desconfianza en América Latina. 

Las políticas públicas no pueden ser neutrales; deben adaptarse a las necesidades de las personas, prestando especial atención a quienes están más rezagados. 

La percepción de una distribución injusta de privilegios genera un profundo descontento, especialmente cuando se percibe una falta de trato digno y respeto.

La "paradoja de la democracia" revela que, si bien las personas valoran la democracia como ideal, perciben que los sistemas actuales no funcionan, lo que lleva a un apoyo creciente a líderes que eluden las reglas democráticas. 

Para contrarrestar esto, un Estado democrático, efectivo e inclusivo debe estar basado en principios de igualdad, participación inclusiva y respeto por los derechos humanos y el Estado de derecho.

Desde la perspectiva fiscal, la justicia implica una mayor progresividad tributaria, de modo que la carga impositiva aumente con la capacidad económica del contribuyente. La opacidad en la gestión del gasto tributario, que favorece a unos pocos, exacerba la percepción de injusticia y erosiona la moralidad tributaria, la voluntad intrínseca de los ciudadanos de pagar sus impuestos.

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