El costo del progreso y el descontento

Históricamente, la agenda pública se concentró en garantizar la reproducción de un orden social que permitiera el desarrollo de las fuerzas productivas. 

En el siglo XIX, esta preocupación se sintetizó en la fórmula "Orden y Progreso". El "Orden" era visto como la precondición para el "Progreso", es decir, la necesidad de crear un contexto propicio para la actividad económica propia del sistema capitalista. 

Esta fórmula fundamental, transformada en una tensión permanente de la expansión del capitalismo, fue rebautizada sucesivamente como "seguridad y desarrollo" o "estabilidad y crecimiento".

A pesar de que la agenda pública se configuró para impulsar esta estabilidad y el progreso económico, el crecimiento que se produjo históricamente tuvo el efecto de agudizar las tensiones sociales.

El "costo del progreso"

El conflicto social se manifestó agudamente cuando se advirtió que el "costo del progreso económico" recaía fundamentalmente sobre los sectores populares.

El descontento de estos sectores creció al ritmo de sus expectativas frustradas de mejoramiento económico y ascenso social. Este fenómeno histórico sugiere una contradicción profunda en el modelo de organización social vigente.

Esta situación se vincula con la hipótesis de que la lógica misma de funcionamiento del sistema capitalista tiende a generar una desigualdad creciente. El capitalismo, como modo de organización social, requiere reglas y condiciones que, si bien viabilizan su funcionamiento económico ("técnico"), cuando se le deja a su propia dinámica, agrava las condiciones de precarización y vulnerabilidad de extensos sectores, lo que resulta en inequidad.

Esto se ha manifestado eventualmente en un trade-off (intercambio) donde el desarrollo se prioriza a expensas de la equidad. 

Desde una perspectiva teórica, la lógica del sistema capitalista implica que una mayor acumulación (desarrollo) genera una mayor desigualdad.

El Estado de bienestar

El crecimiento de las tensiones sociales y el descontento de los sectores populares generaron inestabilidad social. Ello alentó en América Latina movimientos contestatarios y otras formas que pusieron en jaque la gobernabilidad de los países.

Frente a esta conflictividad, se instaló en la escena pública, a fines del siglo XIX, una tercera cuestión central en la agenda: la "cuestión social". Esta cuestión se refería a los conflictos generados alrededor de la distribución equitativa del ingreso, la riqueza y las oportunidades.

Para afrontar y resolver los aspectos más críticos de estas tensiones sociales, el Estado nacional asumió nuevas responsabilidades. Estas intervenciones buscaron morigerar el conflicto social. 

Esta nueva manifestación del rol estatal se tradujo en políticas y programas orientados a la reducción de la pobreza, el logro de mejores condiciones laborales, la previsión social, la extensión de la salud y la educación a las capas más desposeídas. Todas estas acciones fueron definiendo los rasgos característicos del denominado Estado de bienestar (welfare state).

El Estado se fue transfigurando, asumiendo roles de gendarme y organizador (orden), empresario y promotor (desarrollo) y benefactor y protector de derechos (equidad social).

La tensión permanente en la agenda actual

En la actualidad, esta tensión constante entre las tres variables principales —gobernabilidad, desarrollo y equidad (G-D-E)— aún continúa definiendo la agenda pública, especialmente en América Latina.

Estas tres cuestiones conforman el núcleo problemático central de la agenda pública. Dicha agenda se convirtió históricamente en un terreno de lucha por la atención de los problemas que planteaba el desarrollo del capitalismo. 

Aunque el Estado se ha replegado y reconfigurado (por ejemplo, mediante la reducción estatal y el mercado), la organización social "estatal-céntrica" sigue siendo una marca identitaria en la mayoría de los países latinoamericanos, lo que destaca la centralidad del Estado.

El Estado es un actor crucial para moderar estas tensiones, que son inherentes al desarrollo del capitalismo. No existe progreso económico duradero sin orden, ni orden estable sin una mínima equidad social.  De hecho, algunos países latinoamericanos continúan mostrando un desequilibrio en esta tríada. 

Por ejemplo, Chile, que exhibe un alto nivel de gobernabilidad y desarrollo, tiene un nivel "alarmantemente bajo de equidad". Este caso ejemplifica el concepto de tensión, donde el Estado podría haber priorizado el desarrollo a expensas de la igualdad. La posibilidad de que estas tensiones derivadas de la desigualdad se manifiesten en la agenda del Estado como cuestiones problemáticas es una realidad latente e impredecible. El desafío principal del Estado es mantener el necesario equilibrio entre gobernabilidad, desarrollo y equidad.

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