¿Por qué es tan difícil entender y mejorar el gasto tributario en Argentina?

Cuando intentamos analizar el gasto tributario en Argentina, el principal escollo que encontramos son las debilidades estructurales en su gestión, transparencia y evaluación.

Estas deficiencias limitan la capacidad del Estado de recaudar ingresos públicos de manera óptima, sin alterar el desarrollo económico y la prosperidad compartida.

El gasto tributario se refiere a las reducciones en la obligación tributaria, como exenciones, deducciones, créditos fiscales o tasas reducidas, que implican una transferencia de recursos públicos realizada a través del sistema impositivo en lugar del gasto directo. Aunque puede perseguir objetivos económicos y sociales, su gestión actual presenta importantes desafíos.

Otros desafíos interrelacionados incluyen la alta complejidad del sistema tributario argentino, con múltiples tributos y regímenes especiales, una alta carga fiscal y la proliferación de tratamientos de excepción o beneficios fiscales. Esta complejidad reduce la transparencia del sistema.

A diferencia del gasto público directo, que cuenta con normas de rango constitucional y legal que establecen los procedimientos para su creación, ejecución y control, como la Ley N.º 24156 de Administración Financiera, los gastos tributarios carecen de una pauta legal clara que establezca procedimientos para su sanción, implementación y, menos aún, control posterior. La Ley N.º 25917 de Responsabilidad Fiscal solamente exige incluir una estimación de los gastos tributarios en un informe anual que se anexa al Presupuesto de la Nación, pero esto no garantiza un control riguroso de su pertinencia.

La conjunción de la falta de transparencia con la escasa evaluación de los gastos tributarios dificulta la identificación de aquellos beneficios fiscales que se han vuelto ineficientes o inequitativos.

Estos beneficios a menudo favorecen desproporcionadamente a ciertos contribuyentes de altos ingresos o empresas establecidas, exacerbando la desigualdad.

Además, su proliferación limita la capacidad del Estado para financiar políticas públicas prioritarias, como educación, salud e infraestructura. A diferencia del gasto público directo, los gastos tributarios no suelen requerir una validación anual formal del poder legislativo una vez introducidos, lo que puede generar una pérdida de transparencia y dificulta su escrutinio.

Se reconoce la necesidad de mejorar la transparencia en la información sobre los costos y beneficiarios del gasto tributario, así como de institucionalizar la realización de evaluaciones de impacto económico, social y ambiental.

La falta de datos claros y detallados dificulta el análisis de eficiencia y el control de estos gastos.

Para revertir esta situación, es fundamental abordar las debilidades en la creación, implementación, evaluación y control de los gastos tributarios. Esto es crucial para un sistema fiscal más justo y eficiente que promueva el desarrollo económico y social del país.

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