Si bien la Ley N.º 24.241 de 1993 contempló la posibilidad de que las provincias transfirieran sus cajas de jubilaciones a la Nación, no todas las provincias adhirieron a estos acuerdos.
Once provincias transfirieron sus cajas entre 1994 y 1996, pero trece provincias mantienen regímenes previsionales propios para los empleados de sus administraciones públicas. Estas provincias son Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
La resistencia a la transferencia se debió, en parte, a limitaciones constitucionales que permitían a las provincias mantener o crear sus propios sistemas para sus empleados públicos. El principio de federalismo de rango constitucional impedía que el gobierno nacional dictara leyes respecto a dichos regímenes.
También existió oposición política, sindical y social en muchas provincias a la transferencia y armonización de sus regímenes previsionales con el sistema nacional. Los gobiernos provinciales que accedieron a los convenios sufrieron críticas de la oposición y resistencia de los sindicatos de empleados estatales. Reformar los sistemas previsionales provinciales para alinearlos con el nacional generó elevados costos políticos para los ejecutivos provinciales.
Algunas provincias con cajas superavitarias eligieron no integrarse al sistema nacional para mantener el control de sus recursos y, en consecuencia, la falta de transferencia completa ha mantenido la existencia de sistemas diferenciados. A pesar de los pactos fiscales entre la Nación y las provincias que buscaban armonizar los parámetros de los regímenes previsionales provinciales con los del sistema nacional, este proceso no alcanzó los objetivos perseguidos.
Muchas provincias no pudieron avanzar en los cambios paramétricos y esta falta de armonización generó discrepancias normativas para la población protegida. La implementación de lo convenido en materia de armonización sufrió oposición política, sindical y social en diferentes magnitudes y algunas provincias revirtieron reformas por indicación del Poder Judicial, otras no avanzaron en la implementación, y en muchos casos la ejecución fue asincrónica, generando perjuicios.
En dicho contexto, algunas cajas provinciales que subsistieron consolidaron protecciones particulares para los empleados públicos provinciales que garantizan un haber mayor que el del Sistema Nacional. A pesar de los intentos de armonización, en muchos casos, los esquemas provinciales de previsión contaron con requisitos de elegibilidad menos rígidos (menor edad de retiro y/o años de servicio requeridos) y beneficios más generosos (mayor tasa de reemplazo) que los establecidos por el sistema nacional. Esta situación genera inequidades dentro del sistema previsional argentino, donde empleados públicos provinciales pueden acceder a jubilaciones con mejores condiciones que los trabajadores cubiertos por el sistema nacional.
Dado que el Gobierno Nacional otorga transferencias de recursos hacia las provincias con el fin de asistir financieramente los déficits de estas cajas, la persistencia de condiciones más generosas en los regímenes provinciales puede generar una carga financiera adicional para la Nación. Además existe un potencial problema de subsidios cruzados entre jurisdicciones, donde recursos nacionales financian beneficios más altos en algunas provincias. La existencia de estos regímenes con beneficios superiores dificulta la armonización completa y la construcción de un sistema de seguridad social nacional más equitativo.
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