La falta de definiciones claras, la dificultad para determinar la fuente de la renta y la valuación, los riesgos de lavado de dinero y evasión fiscal, y la necesidad de adaptación de las administraciones tributarias son algunos de los problemas que deben abordarse para lograr una regulación fiscal efectiva.
Los criptoactivos presentan varios desafíos fiscales debido a su naturaleza digital, transfronteriza y a la falta de regulación específica:
+ Definiciones normativas claras: Se requieren definiciones legales y fiscales precisas sobre qué se considera una "criptomoneda" o "moneda digital". Las imprecisiones y lagunas dificultan la aplicación de las normas tributarias existentes y la determinación del hecho imponible. La Ley de Impuesto a las Ganancias se refiere a las "monedas digitales" pero sin definirlas. Una definición normativa del concepto “moneda virtual” fue dado por la Unidad de Información Financiera (UIF) mediante la Resolución 300/2014.
+ Dificultad para determinar la fuente de la renta: En ciertos casos es complejo establecer si la ganancia obtenida por la operación con criptomonedas es de fuente argentina o extranjera. La ubicación del emisor de la moneda digital es un factor importante para definir la fuente de la ganancia.
+ Valuación de las criptomonedas: La cotización de las criptomonedas es volátil y no uniforme, ya que existen múltiples exchanges con precios diferentes. No hay un método claro para determinar el valor de las criptomonedas a efectos fiscales, especialmente al cierre del ejercicio.
+ Riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo: El anonimato y la facilidad para realizar transferencias transfronterizas con criptomonedas las hacen atractivas para el lavado de activos y la financiación del terrorismo. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha advertido sobre estos riesgos.
+ Evasión fiscal: La falta de regulación y la naturaleza digital de las criptomonedas facilitan potenciales maniobras de evasión fiscal. Los fiscos, especialmente los subnacionales, tienen dificultades para obtener datos fiscales de los actores que operan con criptomonedas, especialmente aquellos sin asiento físico en las jurisdicciones locales.
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