La creación de valor público y su impacto en el bienestar de la ciudadanía

Nos referimos al valor público como al valor creado por el Estado mediante servicios, leyes, reglamentos y otros medios. 

Es un concepto amplio que abarca aspectos monetarios y no monetarios, reflejando el bienestar general que la actuación pública crea en el conjunto de la sociedad y el bienestar personal que le proporciona individualmente a cada ciudadano.

Las entidades públicas pueden crear valor mediante:

  • + El aumento de la eficiencia y la eficacia de sus actividades.
  • + La imparcialidad en la toma de decisiones no contaminadas por intereses sectoriales o la miopía política de la administración de turno.
  • + El desarrollo de nuevos servicios que atiendan las nuevas demandas y aspiraciones de la ciudadanía.
  • + La respuesta oportuna y flexible a las cambiantes necesidades de la sociedad.


La generación de valor público no depende solamente de los actores directamente involucrados en la generación y el uso de los bienes y servicios, sino de todas las partes interesadas relacionadas con los procesos involucrados.

Por lo tanto, el control de la gestión operativa es un proceso que corresponde no solamente a las autoridades gubernamentales, sino también a la ciudadanía en tanto usuarios de los servicios.

Podemos enumerar como elementos que generan valor público a los siguientes:

  • + Satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos: Es necesario mejorar la calidad de los servicios y su capacidad para cumplir con las especificaciones necesarias para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios.
  • + Considerar las valoraciones y percepciones de los ciudadanos en general: A diferencia del sector privado, el sector público debe considerar tanto las necesidades de los usuarios directos como las valoraciones de la ciudadanía en general.
  • + Responder a problemas definidos como públicos: Los servicios públicos existen para responder a problemas que la colectividad política define como públicos, lo que implica un proceso de deliberación y acuerdo político para consensuar cuáles deben ser gestionados por el sector público y cuáles pueden ser dados en concesión o sometidos a la libre competencia del mercado con la justa y necesaria regulación para asegurar buenas prestaciones y evitar abusos, principalmente cuando existen posiciones dominantes, oligopolios o monopolios naturales.
  • + Mejora continua: Los órganos y entes públicos deben orientar sus actividades al desarrollo de una estrategia en términos de procesos, basados en datos y evidencias, buscando una mejora permanente.
  • + Legitimidad: La legitimidad de la burocracia estatal está en función de su capacidad de responder a los intereses de la sociedad.

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