+ Definición Amplia: Aunque no hay una definición formal de "monedas digitales" en la legislación argentina (Ley de Impuesto a las Ganancias y su decreto reglamentario), se interpreta que el espíritu del legislador es abarcar toda la órbita de criptoactivos al darles un tratamiento similar a los activos financieros tradicionales, por lo que en dichos términos, sería admisible una interpretación amplia del término que comprenda tanto a las monedas digitales (criptomonedas) como a los security y utility tokens.
+ Moneda Virtual Convertible vs No Convertible: Se puede hacer una distinción entre monedas virtuales convertibles (aquellas aceptadas en mercados) y no convertibles (cerradas, con uso restringido).
+ NFTs (Tokens No Fungibles): Se definen como representaciones digitales de bienes únicos e irrepetibles, cuyo valor depende de su singularidad, por lo que no pueden ser sustituidos por otros.
+ Utility Tokens: Representan acceso a un producto o servicio específico en una plataforma.
+ Tratamiento en Impuesto a los Bienes Personales: La agencia tributaria considera a los criptoactivos como títulos valores que son la representación digital de un derecho, que se encuentran dotadas de valor económico para aquellos que las poseen y, en consecuencia, integran el patrimonio de quien ostenta su titularidad revistiendo la calidad de bienes inmateriales, en tanto su existencia no se encuentra materializada en un instrumento formal.
+ Valuación: El costo computable en la enajenación de criptomonedas será el valor impositivo asignado en el inventario inicial del ejercicio en que se realice la enajenación. Si la adquisición se hizo en el mismo ejercicio, el costo será el precio de compra, aplicando el método PEPS - FIFO (Primero Entrado, Primero Salido).
+ Dificultad en la Valuación: Existe la dificultad de establecer una cotización oficial para las criptomonedas, especialmente para aquellas descentralizadas, como Bitcoin, ya que no tienen un emisor único ni un mercado centralizado.
Regulación y Control
+ Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV): La Comisión Nacional de Valores (CNV) ha creado un registro para PSAV. Quienes ofrezcan servicios con criptoactivos en Argentina deben registrarse.
+ Prevención de Lavado de Activos: Se busca identificar a personas humanas y jurídicas que operan con criptoactivos, con el objetivo de cumplir con las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y avanzar en el cumplimiento de la Ley N.° 25.246 que reforma el Sistema Normativo Nacional de Prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT).
+ Ley N.° 27.739: Se introducen modificaciones al Código Penal para incluir delitos relacionados con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, incluyendo a las entidades que operan con criptomonedas.
+ RG 4614: La Resolución General N.° 4614/19 (AFIP) establece regímenes de información sobre activos virtuales y no virtuales, que involucran a proveedores de servicios de pago y de intercambio de criptoactivos. Los sujetos obligados son aquellos que “administran, gestionan, controlan o procesan movimientos de activos a través de plataformas de gestión electrónicas o digitales”. Se establece umbrales mínimos para la información a suministrar y cómo se deben valuar los montos informados (por ejemplo, la cotización del día para criptomonedas).
Conclusión
La regulación y fiscalización de criptoactivos en Argentina se encuentra en un proceso dinámico y en evolución.
Existe una interpretación amplia que busca abarcar todos los criptoactivos dentro del marco regulatorio y fiscal.
Existen esfuerzos gubernamentales para establecer mecanismos que permitan identificar a los operadores, monitorear las transacciones y prevenir el lavado de activos.
La falta de definiciones precisas y la naturaleza descentralizada de los criptoactivos presentan desafíos a la hora de aplicar los actuales diseños tributarios y, posiblemente, se requieran modificaciones futuras como resultado de un análisis más profundo de las dinámicas del sector.
La colaboración de distintos organismos, la adaptación de la legislación y la adopción de prácticas internacionales son fundamentales para un tratamiento fiscal justo y eficiente.
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