Ius puniendi es una expresión jurídica latina que se refiere a la potestad del Estado para castigar. Esta potestad se ejerce a través de dos sistemas represivos: el derecho penal, aplicado por jueces y tribunales, y el derecho administrativo sancionador, aplicado por la Administración.
La expresión se traduce literalmente como "derecho a penar" o "derecho a sancionar" y se utiliza para referirse a la facultad del Estado de imponer penas a personas que realizan comportamientos prohibidos por la ley.
El ius puniendi se relaciona con la protección de bienes jurídicos, que son relaciones, derechos, intereses u objetos considerados valiosos por la sociedad. El Estado protege estos bienes por medio de leyes que castigan las conductas que los vulneran.
En el contexto tributario, el ius puniendi se manifiesta en la potestad del Estado para sancionar a quienes incumplen sus obligaciones fiscales, ya sea por medio de multas o de penas más severas en el ámbito penal.
Hemos detallado las sanciones a las infracciones formales y materiales y a los delitos del Régimen Penal Tributario relacionados con los Recursos de la Seguridad Social que buscan proteger diversos bienes jurídicos considerados de gran valor para la sociedad.
Estos bienes jurídicos valiosos en materia de Seguridad Social se relacionan con la preservación de los derechos de la ciudadanía a una vida digna y el funcionamiento del sistema de protección social:
+ Hacienda Pública: La protección de la Hacienda Pública busca asegurar la recaudación de los ingresos públicos necesarios para financiar el gasto público, garantizando el bienestar general. Esto incluye: La recaudación de los tributos, el financiamiento de las políticas y programas sociales, la aportación equitativa de los contribuyentes al sostenimiento de los gastos públicos y la viabilidad de la política económica y social y del orden público económico.
+ Recursos de la Seguridad Social: Se busca proteger la debida declaración y el oportuno ingreso de los fondos destinados a financiar los subsistemas de protección social. Esto asegura la cobertura de las contingencias sociales, como la vejez, invalidez, enfermedad y desempleo . La protección de estos recursos asegura el acceso a los derechos establecidos en la Constitución Nacional en su artículo 14 bis.
+ Administración Tributaria: Se protege el correcto funcionamiento de la Administración Tributaria, incluyendo su facultad de verificación y fiscalización del empleo registrado. Esto implica: el cumplimiento de los deberes de colaboración con la Administración y las instituciones de la Seguridad Social, la remisión de información relacionada con las relaciones laborales y el ejercicio de las facultades de verificación y fiscalización del empleo registrado.
+ Orden Público Económico: Se busca asegurar el funcionamiento de un mercado inclusivo, justo y con reglas claras, evitando la competencia desleal del empleo no registrado. La evasión previsional y el fraude en las cotizaciones subvierten el orden económico y social.
En resumen, las sanciones de la Seguridad Social buscan proteger tanto los aspectos financieros del sistema como los derechos y garantías de la ciudadanía a una protección social integral, además de asegurar el correcto funcionamiento de la administración tributaria y el orden público económico. La protección de estos bienes jurídicos es esencial para garantizar la sostenibilidad y eficacia del sistema de seguridad social.
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