La precarización degrada el contrato social, alimenta el descontento y erosiona la democracia y sus instituciones

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En este momento crucial en que quedan al desnudo las deficiencias estructurales del mercado laboral, es importante reconocer que el contrato social se ha aplicado de manera desigual y de manera imperfecta según sea la región del país o la actividad económica que analicemos. A pesar de incontables esfuerzos, muchos trabajadores de la economía rural y de la economía informal no tienen acceso a la cobertura de subsistemas de la Seguridad Social que los protejan ante las contingencias vitales y que son la base del contrato social (MPyT, 2019b). 
Ante este contexto, si las nuevas modalidades de trabajo de la “cuarta revolución industrial” se traducen en una precarización de las relaciones de empleo, generarán una disrupción que, de no ser encaminada activamente, degradará aún más el contrato social que asegura a los trabajadores una participación justa en el progreso económico, el respeto de sus derechos y la protección de los riesgos a los que se exponen en su labor cotidiana. 
Esa degradación del contrato social alimenta el descontento, erosiona la democracia y resta confianza en las instituciones. La ausencia o el fracaso del contrato social perjudican a todos y dinamitan la paz social, por eso es importante reforzarlo asegurando el acceso universal a pisos de protección social mínimos (OIT, 2018c). Para lo cual es necesario adoptar un nuevo enfoque que sitúe a las personas y al trabajo que ellas hacen en el centro de la política social y económica y de la práctica empresarial. 
El punto de partida actual es una tasa de actividad (aquellos que buscan activamente trabajo) del 47,7% y una tasa de empleo del 42,6. De ellos el empleo asalariado explica el 31,6 y los “asalariados sin descuento jubilatorio” son el 10,9 (INDEC, 2019a), es decir, uno de cada tres trabajadores asalariados no cuentan con protección de la Seguridad Social (34,49%).
Asimismo, al comparar la participación de cada componente en el VAB a precios básicos se observa que la participación de la remuneración al trabajo asalariado fue de 46,4% en el segundo trimestre de 2018 y de 42,5% en el segundo trimestre de 2019. Esta caída de 3,97 puntos porcentuales (p.p.) se debe a -1,06 p.p. en el sector público y -2,90 p.p. en el sector privado. Por sector de actividad económica se destacan las reducciones en “Comercio” (-0,71 p.p.), “Industria manufacturera” y “Administración pública y defensa” (con -0,66 p.p. en ambos casos) y “Transporte, almacenamiento y comunicaciones” (-0,56 p.p.); crecen “Explotación de minas y canteras” (0,04 p.p.), “Pesca” y “Hogares privados con servicio doméstico” (0,02 p.p.)(INDEC, 2019d).
Los derechos garantizados por la Constitución no serán eficaces mientras que más de un tercio de los asalariados siga trabajando desprotegido sin cobertura de la Seguridad Social, una parte bastante considerable de la población solamente esté parcialmente cubierta y los cambios en la organización del trabajo creen nuevas deficiencias que magnifiquen las cuestiones estructurales no resueltas como el empleo informal y las condiciones de labor inequitativas. 
Dado que la organización del trabajo sigue cambiando, los sistemas de protección social tendrán que evolucionar para ofrecer protección constante a los trabajadores que se muevan entre el trabajo asalariado y el trabajo por cuenta propia, entre distintas empresas y sectores de la economía o, incluso, entre países vecinos.
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Saludos a todos, Rodrigo

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