El desempleo postpandémico alimenta una mayor demanda de protección social que debe financiarse en un contexto de menor recaudación tributaria y caída de las cotizaciones a la Seguridad Social

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El empleo a través de aplicaciones y plataformas virtuales son nuevas modalidades de trabajo que rápidamente se han extendido aprovechando los vacíos de la normativa laboral y tributaria y las restricciones a la movilidad que han impuesto las medidas sanitarias de contención de la pandemia.
Si esta tendencia a emplear a través de una plataforma virtual deslocalizada que no reconoce a sus trabajadores como dependientes se generaliza a largo plazo es probable que se cristalice en una precarización de las relaciones de empleo, generando una disrupción aún mayor, la cual, de no ser activamente encaminada por la legislación y las autoridades de control, terminará degradando todavía más el contrato social. Pero de volverse una práctica extendida el impacto no queda acotado a los trabajadores de plataformas digitales.
A medida que se generalicen modalidades laborales como el trabajo esporádico (GONZÁLEZ CAO, 2018a), el teletrabajo a través de plataformas remotas y el trabajo part-time por encargo en redes “colaborativas”, al igual que ya sucede hoy con los empleos de las plataformas digitales, muchas empresas pasarán de considerarse empleadores a percibirse como meros organizadores o intermediarios entre la oferta y la demanda (MGI, 2016), desentendiéndose de la cobertura social de los trabajadores (OIT, 2019) en un claro retroceso a la desprotección que imperaba un siglo atrás.
Muchos autores sugieren que como consecuencia del parate económico generado por la pandemia el progreso tecnológico acelerado en la “nueva normalidad” conducirá rápidamente a niveles más altos de automatización de muchas tareas, al reemplazo de trabajadores por rutinas robóticas programables y, en consecuencia, a la pérdida masiva de empleos. 
Por efecto transitivo, este escenario llevará inexorablemente a una mayor demanda de seguros de desempleo y de beneficios de cobertura de la Seguridad Social, tanto contributivos como graciables, éstos últimos financiados con impuestos en tiempos de deterioro de la recaudación, lo que erosionará la suficiencia y sostenibilidad de las prestaciones de protección social y, en definitiva, de los ingresos públicos. 
La progresiva erosión de los empleos de mediana calificación que describimos previamente al explicar el “hollowing out” tendrá consecuencias para el financiamiento de los sistemas contributivos y sumará presión social sobre los programas y beneficios de la seguridad social, los cuales absorberán una parte cada vez más creciente del Presupuesto de gastos públicos. En este contexto, la extensión de un ingreso universal ciudadano requerirá una gran creatividad legislativa para que su financiamiento sea pensado en el marco de un rediseño integral del sistema tributario para que una mayor presión fiscal no resulte en un desincentivo a la necesaria inversión post pandémica.
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Saludos a todos, Rodrigo

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