Acompañar a las personas en las transiciones, asegurar el acceso a pisos de protección social e impulsar el trabajo decente

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Ante el impacto de la pandemia un Estado presente debe acompañar a las personas en las transiciones, asegurar el acceso a pisos de protección social e impulsar el trabajo decente. Si bien hablamos de "Estado presente", en rigor debiéramos referirnos a "aparatos institucionales públicos" presentes, ya que los organismos públicos de gestión son los que deben producir "valor público" de forma eficiente a partir de los recursos que el Congreso aprueba en la Ley de Presupuesto.
Esta demanda de generar "valor público" de manera eficiente la enfrentamos en un contexto incierto, paradójico, impredecible que nos obliga a replantear las certezas que sosteníamos, con cierta soberbia, hace apenas un año atrás. Pero sea como resulte en definitiva el devenir de los hechos, es claro que esta nueva normalidad en el marco de la cuarta revolución industrial y la economía del conocimiento, además de transformar rápidamente la naturaleza del trabajo y la demanda de cobertura y protección social, también modificará la forma en que las Administraciones Tributarias recaudan las cotizaciones a la Seguridad Social, y los tributos en general. Ingresos públicos a la baja, reclamos de un rediseño del sistema tributario y una creciente demanda de cobertura de la protección social son una combinación explosiva que, en otro contexto, ya hubieran generado conflictos socio políticos de gran calibre.
En consecuencia es necesario prever las tensiones que surgirán de esta evolución en las relaciones laborales porque la economía digital avanzará sin pausa y a ritmo creciente modificando todos los supuestos sobre los cuales concebimos los sistemas de inspección tributaria, laboral y previsional, el financiamiento de la Seguridad Social y las condiciones generales de empleo. Por lo tanto, si nos quedamos perplejos ante lo que se viene, sin estrategias claras de control del empleo informal por parte de las Administraciones Tributarias se profundizarán las desigualdades que ya existen hoy y crecerá la precarización laboral (IEFPA, 2018).
En una revolución industrial toda disrupción tecnológica, por su propia naturaleza de destrucción creativa, demuele ciertos puestos de trabajo y hace quebrar empresas en un lugar en lo inmediato y, a futuro, potencialmente los creará en otra parte. Es una disrupción inexorable que digitalizará, automatizará, robotizará, tercerizará y desintermediará las actuales modalidades laborales y que genera preocupación sobre el futuro de las relaciones de trabajo y de las remuneraciones. Pero también sobre la factibilidad económica de la continuidad de ciertos emprendimientos de pequeña escala.
Empleadores y sus relaciones laborales que son el hecho imponible que da nacimiento a las obligaciones de los Recursos de la Seguridad Social y remuneraciones que son la base imponible sobre la cual se calculan las referidas cotizaciones que financian el sistema. Este movimiento de placas tectónicas, en consecuencia, pondrán en jaque el actual esquema de financiamiento de los sistemas contributivos de protección social tal como los conocemos hoy. En este preocupante deterioro de la fórmula “P x Q” (precio y cantidad), potenciando la referida caída en la “base imponible” y la menor cantidad de “hechos imponibles” aparecen, además de una disminución de la base de cotizantes, un aumento del universo de demandantes de prestaciones por aumento de la esperanza de vida en personas mayores (más pensiones y jubilaciones), por pérdidas de empleo (más seguros de desempleo), por disminución de ingresos (más asignaciones familiares).
Muchos debates sobre los cambios que traerá la nueva normalidad se enfocan en las economías de los países que se denominan “avanzados”. Para un futuro del trabajo más equitativo e inclusivo, deben adoptarse políticas públicas específicas para los “bottom 40”  (40% inferior por distribución de ingresos o consumo) en las economías emergentes. El indicador principal utilizado para medir la prosperidad compartida es el crecimiento del ingreso del 40 por ciento más pobre de la distribución de ingresos. En los países emergentes existen importantes diferencias socio-económicas entre el 40 por ciento de menores ingresos y el top 60 por ciento de la distribución de ingresos. Aunque ha habido mejoras significativas en algún aspecto puntual, aún se mantienen brechas significativas entre estos dos grupos y, lamentablemente, la actual crisis pandémica generará un impacto sobre dicha brecha que la ampliará más. Sumado a ello, las economías de los países emergentes, en muchos casos, están en una situación crítica, incluso antes de ser expuestos a la actual coyuntura, sin un esquema de transición desde los precarios mercados laborales actuales a los nuevos mercados del futuro del trabajo (GONZÁLEZ FRAGA, 2019). 
No será fácil volver a ponernos de pie, probablemente llevará mucho tiempo, pero lo único que es seguro es que el eje para asegurar el contrato social pasa por plantear un programa centrado en las personas (OIT, 2019b) apoyado en, al menos, tres pilares:
  • Acompañar a las personas en las transiciones.
  • Asegurar el acceso a pisos de protección social universales.
  • Impulsar el trabajo decente y sostenible.
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Saludos a todos, Rodrigo

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